domingo, 4 de octubre de 2026

Gobierno de Noboa y libertad de expresión: el avance de la cultura del miedo

 
El debate público pierde pluralidad cuando periodistas, empresarios y ciudadanos evitan cuestionar al poder.Imagen generada con IA.

Flor Layedra Torres, Expreso. El silencio empieza a convertirse en una señal incómoda de la política ecuatoriana. Periodistas que cuestionan, indagan y exponen; empresarios que advierten y figuras públicas que discrepan aparecen cada vez más expuestos a campañas de descrédito, presiones o aislamiento mediático.

El miedo como herramienta de poder

El patrón preocupa porque no necesita de una orden explícita del poder para producir resultados. Pero, basta con que alguien vea lo ocurrido con otros y empiece a preguntarse cuánto le costaría decir lo que piensa.

El exasambleísta Jorge Peñafiel sostiene que detrás de estas prácticas existe un intento de frenar la crítica cuando esta comienza a crecer. A su criterio, el Gobierno de Daniel Noboa recurre a instituciones que deberían actuar con independencia y que, según afirma, terminan convertidas en instrumentos de poder.

Peñafiel menciona entre los casos que, desde su perspectiva, evidencian esa dinámica al expresidente Oswaldo Hurtado, María Paz Jervis, expresidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y Producción, y medios como EXPRESO y Ecuavisa. Sobre este último, señala que impedir la presencia de funcionarios en entrevistas constituye también un problema para la transparencia y la rendición de cuentas.

La consecuencia más delicada, según Peñafiel, es que el poder comienza a ejercerse mediante el miedo. Cuando una persona observa que cuestionar tiene consecuencias, la discusión deja de ser sobre si tiene razón y pasa a ser sobre cuánto está dispuesta a arriesgar.

Precisamente allí, el exministro de Gobierno Henry Cucalón identifica uno de los mayores peligros: la autocensura. La define como “una forma de silencio” que aparece cuando las personas dejan de hablar antes incluso de que alguien tenga que ordenarles callar.

El caso del periodista Hernán Higuera que dejó de investigar el caso Progen después de denunciar consecuencias que alcanzaron a su familia, ilustra para Cucalón hasta dónde puede extenderse ese temor. El problema, sostiene, ya no es únicamente la afectación individual, sino el mensaje que recibe el resto de la sociedad ecuatoriana.

Cucalón advierte que la autocensura es otra forma de silencio y que el miedo puede terminar condicionando la manera en que periodistas, empresarios y ciudadanos expresan sus posiciones. Por lo que el efecto puede producirse de manera indirecta, hasta instalarse como una conducta cotidiana.

No obstante, Florencio Delgado, antropólogo y catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, explica que cuando estas acciones parten de funcionarios o instituciones públicas dejan de ser simplemente una “funa” (un linchamiento virtual para destruir la reputación social de una persona) en redes sociales. A su juicio, estas pueden convertirse en “coacción institucional” y en una forma indirecta de censura.

Delgado describe mecanismos que, según su análisis, pueden combinar presión administrativa, estigmatización y desgaste profesional. Entre ellos menciona el retiro selectivo de publicidad a los medios, auditorías, utilización de herramientas legales y campañas que presentan a los críticos como enemigos o desinformadores.

Cuando disentir tiene un costo

El resultado, subraya, es que algunos periodistas dejan de hablar, otros abandonan el país y otros cambian los temas que investigan. “Al estrangular o silenciar las voces críticas, la ciudadanía también pierde acceso a información plural contrastada”, sostiene el antropólogo.

Cucalón considera que una de las causas de este fenómeno es la polarización permanente. “Si tú criticas al Gobierno, entonces eres correísta”, resume al explicar una lógica que, según él, convierte cualquier divergencia en una identidad política y reduce el espacio para una crítica independiente.

El antropólogo coincide en que el debate público se ha vuelto binario. Bajo esa lógica, cuestionar una decisión oficial puede ser interpretado como estar “del otro lado”, una simplificación que termina sustituyendo la discusión sobre los argumentos por la descalificación de quien los plantea.

Sin embargo, ¿por qué resulta más fácil atacar que escuchar? Peñafiel responde que el diálogo exige amplitud, escucha y capacidad para aceptar verdades incómodas, mientras que “el proceso de imposición es la decisión del manda más”.

El exministro de Gobierno plantea una diferencia que se debe analizar: un Gobierno puede ejercer un liderazgo firme frente al crimen organizado y, al mismo tiempo, respetar las libertades individuales. “Firmeza sí, dureza, pero por supuesto, un liderazgo fuerte”, afirma, pero advierte que eso no debe confundirse con sectarismo, intolerancia o arbitrariedad.

El riesgo para la democracia

¿Quién debería poner límites? Jorge Peñafiel apunta primero a la Asamblea Nacional, porque considera que ese poder tiene herramientas constitucionales para ejercer contrapesos; pero cuestiona que el Legislativo cumpla esa función cuando actúa alineado con el Ejecutivo.

Por su parte, Henry Cucalón amplía la responsabilidad a la sociedad y a las instituciones que deben funcionar como contrapesos. “No hay que dejarlos solos”, dice al referirse a quienes son atacados por pensar diferente, y reclama una ciudadanía capaz de defender la libertad, aunque la persona afectada no pertenezca a su sector.

El antropólogo Florencio Delgado sostiene que el riesgo final de esta cultura del silencio no es que desaparezcan todas las voces críticas de un día para otro. Es algo más silencioso: que cada vez haya menos personas dispuestas a levantar la voz, hasta que la sociedad termine acostumbrándose a que discrepar tiene un precio alto.

El miedo debilita el pluralismo

La “pulverización” de las voces críticas tiene una consecuencia que va más allá del periodismo. Para el antropólogo Florencio Delgado, Ecuador puede convertirse en un lugar inseguro para la disidencia cuando el poder utiliza el miedo como una herramienta para condicionar la expresión pública.

El antropólogo considera que esa política del miedo termina debilitando el espacio público. Si las voces críticas son “pulverizadas”, dice, la ciudadanía pierde la posibilidad de contrastar posiciones y queda expuesta a una narrativa con menos cuestionamientos.

Henry Cucalón ubica el fenómeno en otra dimensión y lo relaciona con una práctica propia del populismo. Para el exministro, convertir la discrepancia en una amenaza y dividir a la sociedad entre quienes están con el poder y quienes están contra él responde a una lógica de confrontación que deteriora el pluralismo.

Jorge Peñafiel lleva la comparación hacia otros gobiernos de la región. El exasambleísta sostiene que el uso del miedo como mecanismo de poder ha sido empleado por gobiernos como los de Nicolás Maduro, Daniel Ortega y los hermanos Castro. Para el exlegislador, la contradicción es clara: un sistema puede mantener elecciones e instituciones, pero debilitar, a la vez, la democracia al concentrar el poder y limitar a quienes lo cuestionan.


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