Óscar Martínez, periodista de El Salvador.
RTVE. El periodista Óscar Martínez, nacido en San Salvador en
1983, lleva más de diez años tratando de descifrar una de las regiones más
violentas del planeta, preguntándose por qué se mata tanto en su país, pero
también por qué no se mata más. En Los muertos y el periodista (Anagrama
Crónicas, 2021) rescata el caso de un expandillero y de su familia, que
acabaron masacrados por la policía, para retratar con crudeza el abismo de
violencia y de la miseria en el que viven buena parte de los salvadoreños, y
reflexionar con una honestidad brutal sobre el oficio de periodista. El
resultado es un artefacto que combina ensayo y crónica, escrito con un estilo
punzante que sacude al lector. Martínez no oculta su voluntad de incomodar:
"Quien busque algo de esperanza no la va a encontrar" asegura en
entrevista con RTVE desde la Ciudad de México. En su libro, los muertos son
tres hermanos salvadoreños jóvenes y pobres que acabaron despedazados en un
cañaveral. Y el periodista es Óscar Martínez, que empieza por preguntarse si él
tuvo algo que ver en que los mataran.
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Milenio. Al periodista le ha tocado contar historias complejas,
hasta de comprender, en las cuales no siempre se halla un final feliz.
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Ser periodista en
El Salvador es cada vez más complicado. En los últimos años, los obstáculos a los que se enfrentan las personas que ejercen
periodismo independiente se han multiplicado a niveles que han encendido las alarmas de instituciones como la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). "Durante los últimos cuatro años, El Salvador ha caminado aceleradamente hacia un modelo de gobierno autocrático en el que derechos que se creían ganados, como la
libertad de expresión, son cada vez más vulnerados”, explica a DW Angélica Cárcamo, presidenta de la APES. "En el caso de la prensa, hemos visto cómo ya no son las pandillas los principales agresores. Hoy en día, es el Estado el principal agresor”, agrega Cárcamo, y dice que la APES registró, en 2018, "65 casos contra la prensa, de los cuales más del 80% eran generados por pandillas”, mientras que solo en 2022 "se registraron 125, más del 80% generados por funcionarios del Estado”.
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