Otavalo, en la provincia de Imbabura, se convirtió en un campo de batalla tras la llegada del convoy militar y policial

Los restos de un tráiler incinerado quedaron tras los cierres en la vía E35, entre Atuntaqui y Otavalo, en Imbabura. (Foto de PRIMICIAS).

Primicias. La vía E35, en el tramo entre los cantones Antonio Ante y Otavalo, se ha convertido en un campo de batalla entre entre las fuerza del orden y comuneros de Imbabura.Violentos enfrentamientos se registraron, desde la madrugada del 14 de octubre de 2025, mientras se movilizaba un convoy estatal que transportaba uniformados. Un equipo de PRIMICIAS recorrió los casi 15 kilómetros que hay entre ambos puntos en la Panamericana Norte, junto a los más de 30 vehículos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Los enfrentamientos más fuertes se registraron a la altura de Ilumán, San Roque y Peguche. Comuneros de estos tres sectores salieron desde los dos lados de la vía y atacaron al convoy con piedras, troncos y voladores.

Otavalo, en la provincia de Imbabura, se convirtió en un campo de batalla tras la llegada del convoy militar y policial

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Ecuador: El Estado debe proteger el trabajo periodístico en contextos adversos, no obstaculizarlo

 

Entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre, la FPSC ha registrado 33 agresiones contra la prensa.

https://periodistassincadenas.org/. La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) expresa su más profunda preocupación por las recientes agresiones contra los periodistas ecuatorianos en el contexto de las movilizaciones y alerta a la comunidad nacional e internacional del acelerado deterioro de las condiciones para el oficio, que se acentúa por el silencio de las autoridades nacionales encargadas de la protección de las y los periodistas.

Entre el 22 de septiembre y el 5 de octubre, la FPSC ha registrado 33 agresiones contra la prensa, de las cuales 20 han sido protagonizadas por manifestantes y 13 por agentes estatales (Policía Nacional, Fuerzas Armadas o instituciones del Estado). En el primer caso, los periodistas han sido víctimas de intimidaciones verbales o con machete, amedrentamientos, arrojamiento de agua, golpes con piedras y palos, despojo de equipos de trabajo o daños a vehículos de prensa, entre otros.

En el segundo caso, los uniformados han lanzado gases lacrimógenos, embestido con motocicletas, quitado o dañado equipos celulares o herramientas para transmisiones en vivo y cometido agresiones físicas como patadas o empujones. Esta organización también ha registrado el caso de una periodista que fue intimidada con un arma por un militar y el arresto temporal de un comunicador, a quien le obligaron a eliminar el contenido recopilado en su celular.

A esto se suma la suspensión de las transmisiones de TV MICC por parte de la Arcotel, posibles restricciones al acceso a internet en zonas de Imbabura y la detención y deportación del periodista español-chileno Bernat Bidegain, quien cubría las protestas en Quito para su medio digital, Pelo Fuego. Según Inredh, Bidegain fue interceptado por la Policía sin que se le informaran las razones de su detención, se le negó comunicación con su Embajada y no tuvo acceso a una defensa legal adecuada. 

La vocera presidencial, Carolina Jaramillo, sostuvo que la deportación del periodista se ampara en el artículo 143, numeral 7, de la Ley Orgánica de Movilidad Humana, que faculta la expulsión de extranjeros que no inicien su proceso de regularización, y afirmó que ningún ciudadano extranjero puede permanecer en el país porque representa una “amenaza para la seguridad”.

La FPSC condena enérgicamente todo acto de violencia y hostigamiento contra la prensa sin importar el origen o tipo de agresor. Y observa con mucha inquietud el papel pasivo o ausente de las instituciones del Estado en su obligación de proteger el ejercicio periodístico, sobre todo en coyunturas de alta conflictividad social.

La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recordado que los Estados “tienen el deber de garantizar que los periodistas no sean detenidos, amenazados, agredidos ni limitados mientras realizan coberturas en el marco de protestas sociales. Además, sus herramientas y materiales de trabajo no deben ser destruidos ni confiscados por las autoridades públicas”.

De acuerdo los "Estándares interamericanos y prácticas sobre prevención, protección y procuración de la justicia", las fuerzas del orden —incluyendo a la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado— tienen la obligación legal y ética de proteger a la población, y aún más, a quienes desempeñan funciones fundamentales para la democracia, como lo son los y las periodistas.

En este sentido, el Estado, a través de sus instituciones y autoridades, debe ser el primero en defender el trabajo periodístico y ser el ejemplo de sus ciudadanos. ¿Qué mensaje se deja cuando se permite que un policía embista a un periodista con su moto? Esta y todas las agresiones mencionadas en este reporte no pueden ser normalizadas por los ciudadanos, menos aún por el Estado y las autoridades de turno. Ignorar esta situación solo deja a los comunicadores en total indefensión.

Por eso, la FPSC exige al Gobierno Nacional, a sus entidades y a las fuerzas del orden que cesen de inmediato las agresiones contra la prensa, condenen los excesos cometidos y adopten medidas urgentes y eficaces para proteger a quienes ejercen el periodismo en el país e investigar las agresiones.

De igual manera, pedimos a la Fiscalía General del Estado que actúe de forma diligente y oportuna en la investigación y sanción de las graves agresiones a la prensa, para evitar que estos casos terminen, como tantos otros, en la impunidad. Tal como lo establece el informe Protesta y Derechos Humanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los cuerpos de seguridad del Estado tienen la obligación no sólo de abstenerse de cometer violaciones de derechos, sino también de denunciar activamente cuando tengan conocimiento de abusos cometidos por sus propios integrantes o por otras instituciones.

Por medio de este comunicado, hacemos un llamado a todos los actores sociales, organizaciones, instituciones públicas y ciudadanos a unirse en defensa de la libertad de expresión y del derecho a informar y ser informados. Hacemos también un llamado a la activación del Mecanismo de Protección para periodistas en Ecuador, pues uno de sus objetivos es garantizar la seguridad de los trabajadores de la comunicación.

Ecuador: El Estado debe proteger el trabajo periodístico en contextos adversos, no obstaculizarlo

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Fundamedios registra 46 agresiones contra periodistas en estos 22 días de paro nacional

 

Fundamedios dijo cese inmediato de agresiones y hostigamiento a comunicadores, medios y organizaciones sociales.

Fundamedios. Entre el 3 y el 13 de octubre, Fundamedios registra 46 agresiones contra periodistas, trabajadores de la comunicación, organizaciones sociales y ciudadanos en el marco del paro nacional convocado por la CONAIE. Fundamedios exige el cumplimiento del documento de acuerdos con la Policía, y alerta sobre el riesgo creciente para la labor periodística y el ejercicio de derechos fundamentales.

Fundamedios registra 46 agresiones contra periodistas en estos 22 días de paro nacional

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Cuarenta y seis agresiones a periodistas se registran en el contexto del paro nacional; los casos no pueden considerarse 'fortuitos', dice Fundamedios

 

La Policía dispersa a manifestantes en Quito. (Foto: La Periódica).

https://fmmundo.com/. En los 22 días del paro nacional, se han registrado 46 agresiones contra la prensa, según Fundamedios. César Ricaurte, director de la organización, detalló que 31 de ellos son casos que provienen de agentes estatales o "medidas abusivas". Allí se incluye también la clausura a un medio comunitario de Cotopaxi durante el inicio de las manifestaciones. A esto se suman 20 agresiones por parte de la Fuerza Pública.

Recientes casos de este tipo se registraron el pasado domingo 12 de octubre en Quito, durante las manifestaciones. Fundamedios reportó cinco comunicadores agredidos por la Fuerza Pública, con incidentes que involucraron la destrucción de sus equipos de trabajo, requisas arbitrarias y el "uso desproporcionado de la fuerza".

Los periodistas fueron agredidos pese a que anunciaron ser parte de la prensa que cubría las manifestaciones, y mientras estaban debidamente identificados como comunicadores. Este escenario, según Ricaurte, no puede relacionarse a casos fortuitos, sino a actuaciones que requieren responsabilidad por parte de los uniformados.

Pero las protestas suponen, de acuerdo con Ricaurte, un escenario en el que el periodismo se encuentra "bajo dos fuegos". Es decir, no solo enfrenta una falta de garantías para no ser reprimido por la Fuerza Pública, sino que también se expone a violencia ejercida por manifestantes. Frente a esto, dijo, la labor del periodismo debe centrarse en no caer en la polarización.

Preocupaciones y restricciones

Esta semana, se conoció que la Casa Militar habría impedido el ingreso del periodista Enrique Alcívar a la rueda de prensa oficial que brinda todos los lunes la vocera Carolina Jaramillo. Según la vocera, el comunicador habría incumplido protocolos en el Palacio de Carondelet el pasado lunes, pero aseguró que los inconvenientes fueron solventados.

La mañana de este lunes 13 de octubre, Alcívar se presentó en la sede de Gobierno para participar de la rueda de prensa, pero fue impedido de ingresar, pese a la aclaración de la vocera. Sin embargo, pese a la nueva denuncia del comunicador, Jaramillo no ha brindado mayores aclaraciones.

El director de Fundamedios consideró que los espacios de comunicación oficial del Gobierno se han utilizado de manera "arbitraria", mientras que el manejo del silencio por parte de las autoridades ha sido una constante al momento de brindar explicaciones.

Otra de las preocupaciones en la mira de Fundamedios es la supuesta venta de medios de comunicación a personas afines al Gobierno, algo que, según Ricaurte, levanta una alerta sobre la imparcialidad y las narrativas que maneje el Ejecutivo.

Cuarenta y seis agresiones a periodistas se registran en el contexto del paro nacional; los casos no pueden considerarse 'fortuitos', dice Fundamedios

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