María Sol Borja, periodista ecuatoriana.
María Sol Borja, https://www.primicias.ec/. La entrevista en CNN hecha por el periodista mexicano, Fernando del Rincón, al Secretario de la Administración Pública le ha recordado al país por qué en Ecuador hoy es un privilegio hacer preguntas.
Con funcionarios que solamente asisten a espacios mediáticos dirigidos por personas -no necesariamente periodistas- cuyo rol parece ser amplificar la vocería oficial, el país necesitaba una entrevista real, en la que un periodista acucioso, informado e incisivo evidencie las contradicciones e imprecisiones de un ministro acostumbrado a no rendir cuentas.
La respuesta fue una fascinación colectiva al ver a un funcionario someterse al estándar que debería ser el mínimo para todo aquel que aspire el poder: rendir cuentas. Sin embargo, un acto que en una democracia es común, en un contexto hostil para los medios de comunicación y periodistas críticos, parece una hazaña: lograr que un ministro se siente ante un periodista cuyo rol no es felicitarlo, ni aplaudirle, ni invitarle a comer.
Ver de del Rincón insistir, citar la legislación, evidenciar las contradicciones del funcionario nos han recordado que ese ejercicio tan elemental hoy parece imposible en Ecuador.
Formular preguntas ha dejado de ser una práctica habitual para convertirse en un privilegio exclusivo de quienes gozan del beneplácito del poder. Y en esos casos, las preguntas parecen un guión dictado desde Carondelet para complacer, halagar y engrandecer el ego de quien las responde.
¿Por qué Neira se sometió a una entrevista para la cual parece no haber estado preparado? Puede haber sido un error de cálculo. El hábito de rodearse de medios y portales complacientes quizás le hizo olvidar que el periodismo está para eso: hacer preguntas incómodas.
Tristemente, una entrevista así no podría hacerse en el Ecuador de hoy. Primero, porque el gobierno parece tener una política clara de no exponer a sus voceros ante periodistas críticos, rigurosos y capaces de hacer su trabajo sin el beneplácito del poder. Si no también porque si en un mal cálculo del gobierno, eso llegara a pasar, y el periodista haría las preguntas que debe hacer y evidencia lo que del Rincón logró evidenciar, probablemente ese periodista sería perseguido y hostigado con todo el aparataje estatal.
Insistir en lo que los funcionarios no quieren responder sale caro.
Los informes de organismos como la SIP y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, además de organizaciones locales como Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas, no describen excepciones aisladas, sino un patrón constante: asfixia económica a redacciones independientes, hostigamiento judicial a través de demandas diseñadas para desgastar recursos y tiempo, campañas coordinadas de linchamiento digital para destruir la credibilidad de quienes exponen irregularidades, y, en los casos más graves, un acoso que se extiende a las familias, amenazas de muerte y periodistas forzados al desplazamiento interno o al exilio temporal o definitivo.
La negativa reiterada a entregar información pública elemental o de declarar secreta información que no cumple con los requisitos legales para serlo, completa el cerco.
Por eso, el aplauso colectivo ante una entrevista necesaria y contundente deja también un sabor amargo para la prensa local que hoy no tiene la posibilidad de hacer su trabajo.
En un contexto de tanta violencia -en el primer semestre de este año se registró un aumento superior al 75% en las agresiones a periodistas, según la Fundación Periodistas Sin Cadenas, de las cuales más de la mitad fueron perpetradas por actores estatales- los periodistas buscan cómo sobrevivir.
Y no es una simple expresión: en 2025, al menos cinco periodistas fueron asesinados en el país; en México -un país siete veces más grande que Ecuador- en el mismo período, fueron nueve.
No se puede exigir a los periodistas que arriesguen sus vidas para hacer preguntas, incluso cuando muchos lo hacen.
Se tiene que exigir al Estado las garantías para que hacer preguntas no sea un acto heroico, sino el ejercicio cotidiano de un derecho indispensable para sostener una democracia.
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