Diario EXPRESO entrevisto a Jeannine Cruz, titular del Consejo de Comunicación. FREDDY RODRÍGUEZ.
Espreso. En un contexto donde la inseguridad también toca las puertas de los medios de comunicación y las plumas de los periodistas, Jeannine Cruz, presidenta del Consejo de Comunicación, acude a las instalaciones de EXPRESO para hacer una lectura de la violencia dirigida a la prensa. Como autoridad y comunicadora, ¿qué siente cuando los periodistas deben salir del país por estar amenazados? Es una alerta, la realidad de nuestra labor. También muestra la falta de protocolos claros por parte del Estado para garantizar el trabajo periodístico...
¿Como cuáles?
En la reforma del 2019 a la Ley de Comunicación se hablaba del sistema de protección, pero no había la articulación con las instituciones. Ahora se pueden iniciar mecanismos de coordinación.
Se conocen dos casos de periodistas que debieron salir del país, ¿cuántos más hay?
En 2021, cerramos con 41 casos de agresiones a periodistas. 2022 fue el año más crítico con casi 250 de estos casos. Ahora, en 2023 vamos casi 90 periodistas agredidos. De estos últimos, solo 18 han presentado una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
Cuántos de ellos han tenido que salir de país por sentir amenazada su integridad?
Hasta la actualidad hay 3 casos que están bajo el sistema de víctimas y testigos. Pero no en todos los casos se denuncian las amenazas.
¿Por qué hay tan pocas denuncias de estos casos?
Hay desconfianza de los colegas en la asistencia del Estado porque la mayoría de denuncias son a funcionarios públicos, a políticos. También hay casos donde los periodistas son amenazados, pero no ponen la denuncia porque no se sienten seguros de si su trabajo será independiente, por ejemplo, si tienen el acompañamiento de un agente policial.
¿Cómo se puede solucionar?
El Consejo de Comunicación tiene que tener un fondo independiente para que cuando un periodista sea agredido o amenazado de muerte pueda tener el acompañamiento económico propio del Consejo para poder trasladarlo a otro país.
También han realizado mesas de trabajos con otras instituciones del Estado...
Se ha articulado para tener un protocolo claro frente al trabajo periodístico. También hemos mantenido acercamientos con organismos de la sociedad internacional como la CPJ (Comité de Protección a Periodistas), que nos visitó hace unas semanas...
¿En qué ayudó?
Identificó que una de las debilidades es que dentro de la Ley de Comunicación no hay alguna disposición que hable del presupuesto que requiere el Consejo de Comunicación...
Ha hecho hincapié en el tema presupuestario, ¿cuánto es su presupuesto y de qué depende que aumente?
En la norma no hay una disposición que le diga al Ministerio de Finanzas dar un porcentaje correspondiente, es una falla gigantesca. Actualmente, el presupuesto es de casi 3 millones de dólares, pero casi todo se va en gasto corriente...
¿Cuánto estiman que necesita la institución?
Con la experiencia de otros países, 15 millones de dólares.
Tomando en cuenta que usted fue asambleísta de CREO, ¿ha podido trasladar esta inquietud al presidente Lasso?
Como Consejo, en varias ocasiones hemos trasladado nuestra inquietud, no solo al presidente, sino al Ministerio de Finanzas con la finalidad de tener una hoja de ruta clara.
Por otro lado, ¿qué postura han tomado cuando es el presidente que ataca a medios?
Hemos tratado de ser imparciales y por eso contamos con una mesa técnica de periodistas. Ellos todos los meses nos piden las estadísticas de las agresiones, se las evalúa y traslada a la Fiscalía General del Estado...
Entiendo, pero, ¿cuál es la su postura cuando el presidente agrede a un medio?
No hubo el nombre de un medio ni de algún periodista. Cuando vemos que un funcionario público demanda a un periodista o medio inmediatamente trasladamos un informe señalando cuáles son los artículos de la comunidad internacional que obliga al político a revestirse de tolerancia.
Como exlegisladora, ¿cómo valora el juicio político y el tema de la muerte cruzada?
El político consciente y responsable trata de articular sus argumentos. Cuando hay una sentencia de la Corte Constitucional, que da unos parámetros, se tiene que regir a eso. La muerte cruzada está en la Constitución. Hay que poner en una balanza si la Asamblea está respondiendo a intereses colectivos o a cálculos políticos
Es la presidenta del Consejo de Comunicación. Comunicadora Social. En 2009 fungió como asambleísta alterna y, en la legislatura 2017-2021, fue asambleísta nacional por la alianza CREO-SUMA. También fungió como concejala del Municipio de Loja entre 2014 y 2016. Antes de la política estuvo en medios masivos.
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