María Sol Borja, periodista.
Primicias. El Consejo de Comunicación ha encontrado por fin una vocación clara, aunque profundamente disonante con la labor que debería tener. Hoy, parece haberse convertido en el abogado gratuito y la oficina de quejas del Ejecutivo. En lugar de velar por el ejercicio de un oficio cada vez más peligroso y precarizado, la entidad prefiere dedicar recursos públicos y personal técnico para tramitar y presionar por rectificaciones en favor de ministerios, empresas públicas y dependencias de Carondelet. Fundamedios ha alertado sobre al menos nueve expedientes tramitados por la entidad entre abril y mayo contra Ecuavisa y Teleamazonas, con lo que ha quedado al desnudo una evidente distorsión institucional. Con un celo administrativo digno de mejores causas, el Consejo no solo canalizó los reclamos de entidades como Celec, Petroecuador o la Secretaría de Integridad Pública, sino que llegó al extremo de monitorear noticieros y pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo para forzar la difusión de versiones oficiales.
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