No es un secreto que, aún cuando el periodismo es un oficio que tiene como objetivo informar sin ambages, los reporteros están expuestos a situaciones peligrosas si lo que saben incomoda al poder.
Las órdenes directas -sobre lo que pueden o no decir- y las presiones externas -que se materializan en amenazas contra su integridad o la de sus seres queridos- afectan la independencia y la calidad informativa, además de generar un ambiente de temor.
La SIP, en un comunicado afirmó que “ningún país de América está a salvo de la corriente censuradora que se extiende como una inmensa mancha de aceite”. Esto se evidencia en las cifras (de marzo a septiembre de 2015, el organismo ha contabilizado 11 asesinatos de periodistas), en las normas (las sanciones a partir de la aplicación de la Ley Orgánica de Comunicación en Ecuador) y en casos específicos.
Venezuela aparece como uno de los países en los que la censura ha llegado al límite, consolidándose así “un totalitarismo comunicacional de Estado”.
Según Carlos Jornet, encargado de leer las deliberaciones de la SIP, se han registrado este año “287 violaciones al derecho a la libertad de expresión, entre agresiones a periodistas, criminalización de la actividad periodística y limitación del acceso a la información”.
El despido de Félix Pirela, conductor del programa Más Noticias, transmitido por Globovisión, por negarse a censurar información sobre un caso de narcotráfico o por exigir equilibrio en las campañas electorales venezolanas, es una muestra de esta preocupante situación. Y aunque es incierto lo que ocurra con el oficio o con el contraataque de la censura en Latinoamérica, es necesario recordar lo que Rodolfo Walsh, periodista argentino, sentenciaba: “El periodismo es libre o es una farsa”.
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