México no es un
país para periodistas. Las cifras de muertes y atropellos lo revelan
constantemente. Durante los últimos años, las agresiones contra la prensa en
este país han ido en aumento. Entre 2012 y 2017, 41 periodistas fueron
asesinados y se documentaron 2.199 agresiones contra la prensa.
Estos números
evidencian la grave situación que se enfrenta en materia de Derechos Humanos y
la crisis de libertad de expresión, traducida en amenazas, ataques físicos o
materiales, homicidios y hostigamiento contra reporteros. La realidad se vuelve
más dolorosa cuando estas agresiones no son solo perpetradas por grupos
dedicados al narcotráfico sino por las mismas autoridades.
Connectas difundió
un proyecto realizado por ‘Propuesta Cívica’. Se trata del libro ‘Soy
periodista, no criminal’, una publicación -disponible en Internet- de 44
páginas donde se expone cómo estas situaciones de violencia han afectado el
trabajo periodístico, a través de casos reales.
Se explica en qué consiste la criminalización
de periodistas, “que implica todo un proceso de diseño y construcción de
mecanismos, a través de los cuales se hace un uso indebido del derecho penal,
con el objetivo de deslegitimar el actuar de los reporteros y anular el impacto
de su trabajo”.
Es escalofriante
cómo las legislaciones pueden emplearse para silenciar a quienes deciden alzar
la voz e informar a la sociedad. Repetidas veces, a través de figuras legales
como difamación, calumniae injuria, se generan restricciones arbitrarias o
sanciones desproporcionadas.
‘Propuesta Cívica’
pretende hacer un llamado a la sociedad para conocer estas lógicas de agresión
y sensibilizarla respecto a las consecuencias de que leyes que debiesen
proteger derechos pueden estar siendo manipuladas por actores que ostentan
poder…
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