Revista Rocinante No 121. El oficio de cronista goza actualmente de un renovado prestigio que habría sido difícil de imaginar apenas una década atrás. En 2008, la Constitución del Ecuador se reformó en un proceso democratizador para garantizar derechos individuales, colectivos y de la naturaleza. A diez años de su aplicación, varias organizaciones de defensa de derechos humanos emprendieron la evaluación de las garantías y los casos reportados por la sociedad civil como graves violaciones a la vida. ¿Contribuye la crónica con enfoque de derechos al registro, memoria y denuncia de delitos? A diez años de la promulgación de la que se precia de ser la Constitución más garantista del continente, varias organizaciones de defensa de derechos humanos emprendieron la evaluación del cumplimiento de esas garantías frente a los casos reportados por la sociedad civil como graves violaciones a la vida. La cobertura de narcotráfico, trata y tráfico de personas, así como delitos ambientales continúa haciendo del periodismo un oficio altamente riesgoso. 2017 registró 12 periodistas asesinados y 507 agresiones según la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP); mientras que el informe de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) reconoce a 81 periodistas asesinados, entre ellos a ocho mujeres. El periodismo evidencia la trama de corrupción de redes criminales en la que, con frecuencia, el principal agresor es el mismo Estado llamado a garantizar esos derechos.
