Hernán Higuera afuera de la embajada de Cuba en Ecuador, el 5 de marzo.@hhernanhiguera.
Carolina Mella, El País. Durante meses, periodistas de televisión, prensa escrita y medios digitales han seguido el rastro de lo que muchos consideran uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años en Ecuador: la compra de generadores eléctricos para enfrentar la crisis energética de 2024. Un contrato millonario que prometía aliviar los apagones terminó convertido en una investigación sobre sobreprecios, equipos usados y posibles responsabilidades políticas en las más altas esferas del Gobierno.
Ahora, uno de los periodistas que ha profundizado en el caso ha decidido apartarse de la cobertura. Hernán Higuera, reportero de investigación de Ecuavisa, dejó de seguir el expediente después de que las consecuencias de su trabajo alcanzaran a su familia. Su esposa fue desvinculada de una institución pública donde trabajaba y a su hijo le retiraron la plaza de residencia médica que realizaba en un hospital estatal. Ambas decisiones ocurrieron el mismo día.
Higuera llevaba meses investigando la adquisición de 49 generadores eléctricos a la empresa estadounidense Progen Industries LLC, un contrato por 149 millones de dólares que, según una auditoría de la Contraloría General del Estado, terminó entregando equipos usados. Era chatarra pintada y vendida como nueva. ¿Quién autorizó la operación? ¿Cómo superó los controles de contratación pública? ¿Quién advirtió sobre las irregularidades? ¿Cuál fue la ruta de las decisiones y del dinero? Esas fueron algunas de las preguntas que el periodista intentó responder a través de documentos, informes oficiales, testimonios y grabaciones difundidas en los noticieros de Ecuavisa. Su último reportaje sobre el tema se emitió el 18 de junio.
“Esto es inédito”, dice Higuera. En casi 25 años de trayectoria ha investigado a personajes polémicos, políticos y funcionarios poderosos. Está familiarizado con las amenazas, con modificar rutinas de desplazamiento, reforzar medidas de seguridad y convivir con presiones judiciales derivadas de sus investigaciones. Pero nunca había visto que las consecuencias alcanzaran directamente a su entorno más cercano. “Mi trabajo siempre me ha expuesto a amenazas, pero jamás imaginé que podía llegar hasta mi familia”, asegura.
La investigación sobre la contratación de los generadores llegó a la justicia dos años después con una decisión que abrió nuevas preguntas. La Fiscalía pidió procesar únicamente a uno de los tres ministros que estuvieron al frente del Ministerio de Energía durante la ejecución del contrato, pese a que bajo las distintas administraciones se aprobaron procedimientos, se aceptaron propuestas y se firmaron compromisos relacionados con la operación. Los exministros más cercanos al círculo de poder quedaron fuera del proceso.
La tensión aumentó cuando Higuera reveló un audio en el que se escucha a la exministra Inés Manzano —no vinculada a la investigación penal— acordar con otro funcionario que debían ser “escuetos” en la información que entregarían a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. La conversación hacía referencia a una estrategia frente a las presiones de la oposición para investigar el caso Progen y mencionaba a la presidenta de la comisión legislativa, Diana Jácome, una de las figuras del oficialismo.
La publicación de la grabación alteró la narrativa que hasta entonces había predominado sobre las responsabilidades políticas del caso. Pero el conflicto escaló aún más cuando Higuera solicitó una entrevista al secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, para conocer detalles sobre un pedido realizado por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) para que esa entidad actuara como veedora del contrato. Antes de responder a la solicitud, Neira publicó un mensaje en la red social X en el que cuestionó la insistencia del periodista y sugirió que actuaba de mala fe al requerir información que, según él, ya había sido aclarada semanas atrás.
Ese mismo día, la esposa y el hijo del periodista fueron separados de sus cargos en el sector público.
La historia ocurre en un momento especialmente delicado para la libertad de prensa en Ecuador. La Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de Reporteros Sin Fronteras sitúa al país en el puesto 125, tras una caída de 31 posiciones en apenas un año, uno de los retrocesos más pronunciados de América Latina. La organización atribuye ese deterioro, en parte, a la violencia contra periodistas. “Allí donde el crimen organizado mata, la clasificación de los países cae en picado”, advierte el informe.
La Fundación Periodistas Sin Cadenas mira con preocupación las limitaciones existentes para el desarrollo del oficio periodístico en Ecuador. En el primer trimestre del 2026 se contabilizaron 81 agresiones a medios y periodistas en Ecuador; es decir, en los primeros noventa días del año ocurrió al menos una agresión diaria hacia un trabajador de la prensa.
Para RSF, Ecuador forma parte de un grupo de países latinoamericanos donde la inseguridad, las amenazas y las presiones contra la prensa avanzan más rápido que los mecanismos de protección. El país aparece junto a Perú, Venezuela, Cuba y Nicaragua en una región marcada por el deterioro de las garantías para informar.
La presión sobre la prensa no se expresa únicamente a través de amenazas directas o violencia. También puede llegar desde las instituciones del Estado, como ha denunciado la empresa Gráficos Nacionales S.A. Granasa, editora de los diarios Expreso y Extra. Los periódicos fueron intervenidos por la Superintendencia de Compañía y enfrentan denuncias de presunta evasión tributaria, intentos de control accionario de la empresa y campañas de desprestigio, que iniciaron tras la publicación de investigaciones de corrupción en la salud pública.
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https://periodistassincadenas.org/. La Fundación Periodistas Sin Cadenas (FPSC) alerta a la comunidad nacional e internacional sobre el incremento sistemático de actos de hostigamiento contra periodistas y medios de comunicación que realizan coberturas sobre temas de interés público, relacionados principalmente con presuntos actos de corrupción durante el Gobierno actual, que comprometen los recursos de todos los ecuatorianos. El episodio más reciente tiene que ver con el periodista Hernán Higuera, de la cadena televisiva Ecuavisa, quien anunció el pasado viernes, 19 de junio, que dejará de investigar el caso Progen relacionado con una compra millonaria de generadores eléctricos obsoletos y que la misma Fiscalía ha estimado un perjuicio económico para el Estado de aproximadamente USD 104,3 millones.
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