Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, dice no saber de dónde salieron los fondos para la movilización contra la Corte Constitucional. Flickr Presidencia.
Expreso. Dos hechos ocurridos esta semana con periodistas de Diario EXPRESO dan cuenta del preocupante momento por el que atraviesa el periodismo nacional. En ambos, el derecho y la obligación del periodismo de investigar los asuntos de interés público ha sido puesta en duda.
La reacción de Roberto Gilbert con Diario EXPRESO es el síntoma de un comportamiento generalizado: el de unas élites acostumbradas a tratar a los medios de comunicación como a sus voceros, lo cual implica desconocer las particularidades de un oficio, el periodismo, sobre cuya función social no se detienen a reflexionar. Su versión de que “un jovencito”, el periodista de este Diario Jonathan Palma, sin otro propósito que ganar notoriedad, lo vilipendió a él y a su familia con la complicidad del director del periódico, que se lo permitió, es una simplificación grosera que distorsiona la realidad de los hechos y es bastante representativa de la manera de pensar de un gran sector de la sociedad, incapaz de plantearse el interés público del trabajo periodístico. O que lo desdeña.
Jonathan Palma es el autor (junto con Flor Layedra, que trabajó bajo su dirección) de la serie de reportajes de investigación “Los dueños de la salud”, sobre el negocio de las derivaciones médicas de la seguridad social ecuatoriana, que EXPRESO publicó en cinco entregas entre el 12 y el 16 de agosto. Lo primero que se debe decir de esta serie de reportajes es que revela información del máximo interés público: todo lo que se dice ahí es relevante para el país.
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