Lo que queda del ex
Registro Civil, ubicado en Turubamba, en el sur de Quito, apenas se puede
divisar entre los huecos del saquillo verde que cubre las rejas. El cerramiento
de cemento, cubierto en su totalidad de grafitis, huele a orina. En la parte
frontal, una familia de indigentes comparte la visera con cuatro perros
grandes. Dos hombres, una mujer y un niño, ocupan colchones desgastados por el
uso y combaten el frío con mantas térmicas. Han improvisado un baño en una
esquina y los canes arrastran sobras de comida hasta el lugar para compartir
con estas personas, a las que han adoptado como dueños.
En 2010 el panorama
era distinto. Entonces Correa inauguraba, con bombos y platillos, las
instalaciones remodeladas, una obra que costó 2’472.000, que incluía el diseño
de oficinas y sistemas de redes. Tres años después, un informe reconoció que la
zona es históricamente inestable. La agencia representaba un riesgo inminente,
debido a la falla geológica que afecta el sector. Como consecuencia, el
edificio sufrió cuarteamientos, movimientos de vigas y hundimientos lentos. El
peligro era el colapso de la infraestructura, que ponía en riesgo a usuarios y
funcionarios.
La imagen actual del ex Registro Civil es una
metáfora visual de lo que sucede con el Estado: el resquebrajamiento de las
instituciones expone a la sociedad a un cataclismo casi inevitable. La crisis
migratoria, que ha provocado que, al menos, 2.000 venezolanos ingresen al día
al país a través de la frontera norte, ha agudizado las condiciones de pobreza,
desempleo y mendicidad. Lamentablemente, en este caso, no hay solución fácil.
No se puede “reubicar” esta problemática, que es la constancia de un éxodo que
no va a disminuir sino, al contrario, va a incrementarse progresivamente…
Roque Rivas
Zambrano
***
***
